La política suele revelar las verdaderas convicciones de quienes la ejercen. Y pocas cuestiones lo hacen de forma tan evidente como el debate sobre la vivienda y la okupación.
Estos días hemos visto cómo la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Palma ha vuelto a unirse para cuestionar las medidas contra la okupación ilegal y para presentar a los okupas como víctimas de un sistema que, según dicen, no les ofrece alternativas. Es el mismo discurso de siempre: si alguien ocupa una vivienda es porque la sociedad le ha fallado.
Pero ese planteamiento parte de un error fundamental. La okupación no es una solución social. Es un problema social. Y justificarla solo agrava el problema.
Porque la primera obligación de una sociedad democrática es proteger la ley y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Entre ellos, uno de los más importantes: el derecho a la propiedad privada.
La propiedad es sagrada, sea la que sea. Da igual quién figure como titular de una vivienda. Da igual que se trate de una familia trabajadora, un jubilado, un pequeño propietario, una empresa o una entidad financiera. En un Estado de Derecho nadie tiene derecho a apropiarse de lo que pertenece a otro.
Sin embargo, durante demasiado tiempo la izquierda en su conjunto ha intentado establecer una peligrosa jerarquía moral sobre la propiedad. Parece que algunas propiedades merecen protección y otras no. Parece que algunos propietarios tienen derechos y otros pueden ser despojados de ellos en nombre de una supuesta justicia social.
Pero cuando una sociedad empieza a relativizar el derecho de propiedad, está socavando uno de los pilares fundamentales de la libertad. Porque la propiedad privada no es únicamente un derecho económico. Es una garantía de independencia personal, de seguridad jurídica y de prosperidad colectiva.
No existe ningún país próspero donde la propiedad no sea respetada. Y tampoco existe ninguna economía fuerte donde la ocupación ilegal sea tolerada.
La verdadera pregunta es otra: ¿cuál es la alternativa?
La izquierda responde con más subvenciones, más dependencia y más justificaciones para quienes incumplen la ley. Pero la respuesta correcta es mucho más sencilla y mucho más eficaz: trabajo.
La mejor política social jamás inventada no es la okupación. No es el subsidio permanente. No es la dependencia del Estado. Es un empleo digno, estable y productivo.
La verdadera solución para quien no puede acceder a una vivienda pasa por una economía capaz de crear riqueza, generar oportunidades y ofrecer salarios acordes a la productividad y al esfuerzo de los trabajadores. Una economía donde emprender sea posible, donde las empresas puedan crecer, donde la inversión encuentre seguridad jurídica y donde el trabajo vuelva a ser la principal herramienta de ascenso social.
Porque las viviendas no aparecen por decreto ni por consignas ideológicas. Las viviendas se construyen cuando existe actividad económica, inversión, confianza y seguridad jurídica. Se construyen cuando las administraciones facilitan en lugar de obstaculizar. Se construyen cuando el mercado funciona y cuando el esfuerzo tiene recompensa.
Por eso resulta tan preocupante escuchar a quienes siguen justificando la okupación como si fuera una respuesta válida. No lo es. Nunca lo ha sido.
La okupación perjudica a los propietarios. Perjudica a los vecinos. Perjudica la convivencia. Y también perjudica a quienes realmente necesitan ayuda, porque transmite la falsa idea de que la vulneración de la ley puede convertirse en una herramienta legítima para resolver problemas sociales.
Palma necesita más vivienda, sí. Pero también necesita más empleo, más productividad, más crecimiento económico y más respeto por la propiedad privada.
Necesita políticas que ayuden a las personas a prosperar por sus propios medios y no discursos que conviertan la ilegalidad en una supuesta forma de justicia.
Porque una sociedad fuerte se construye sobre tres pilares inseparables: trabajo, propiedad y libertad.
Y cuando se ataca uno de ellos, terminan debilitándose los tres.
