Hay imágenes que retratan mejor que mil discursos el estado de un país. Mientras más de 50.000 personas cruzaban la frontera de Ceuta en apenas unas horas, desbordando por completo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y poniendo en evidencia la fragilidad de nuestra frontera sur, el Gobierno reaccionaba tarde, con mensajes calculados y escasa sensación de autoridad. Siete días después, el presidente Pedro Sánchez descansa en La Mareta. El Rey Felipe VI navega por la bahía de Palma a bordo del Hispania. La agenda institucional sigue su curso como si nada extraordinario hubiera ocurrido.
Y, sin embargo, ha ocurrido. Lo sucedido en Ceuta no ha sido un incidente fronterizo más. Ha sido uno de los mayores desafíos a la soberanía española de las últimas décadas. Miles de personas, muchas de ellas menores y jóvenes, atravesando la frontera sin control alguno mientras las fuerzas de seguridad eran incapaces de contener una avalancha de dimensiones inéditas. No es solo un problema migratorio. Es un problema de Estado.
Resulta difícil comprender que una crisis de semejante magnitud no haya alterado los planes de las dos máximas autoridades del país. Nadie discute el derecho al descanso, pero gobernar también significa saber cuándo las circunstancias exigen estar al frente, asumir el mando y transmitir a los ciudadanos que el Estado está presente. La imagen que se proyecta, en cambio, es la de un país que continúa de vacaciones mientras una de sus fronteras ha sido vulnerada de forma masiva.
La responsabilidad política recae, naturalmente, sobre el Gobierno. La política migratoria, el control de fronteras y las relaciones con Marruecos corresponden al Ejecutivo. Pedro Sánchez deberá explicar por qué España vuelve a aparecer como un país incapaz de anticipar una presión migratoria de esta envergadura y qué medidas piensa adoptar para evitar que se repita. Porque si un Estado no puede garantizar el control de sus fronteras, difícilmente podrá convencer a sus ciudadanos de que mantiene el control sobre el resto de los asuntos esenciales.
Pero tampoco la Corona puede permanecer completamente ajena al momento que vive el país. El Rey reina, pero también representa al Estado y encarna su continuidad. En momentos excepcionales, los símbolos importan. No se trata de reclamar decisiones políticas que no le corresponden, sino de esperar gestos institucionales acordes con la gravedad de los acontecimientos. La normalidad protocolaria transmite, inevitablemente, una sensación de desconexión con la realidad.
Mientras tanto, Mohamed VI observa. Y probablemente concluye que la presión migratoria sigue siendo una eficaz herramienta de influencia diplomática. Cuando un país percibe que su vecino no reacciona con firmeza ante una vulneración de sus fronteras, el mensaje que recibe es evidente: la presión funciona.
Y conviene no olvidar que Ceuta no es una excepción. Balears conoce demasiado bien esta realidad. El año pasado llegaron en patera más de 7.000 inmigrantes irregulares a nuestras costas y todo apunta a que este año las cifras volverán a ser similares o incluso superiores. En las últimas horas, además, más de una veintena de personas han muerto o permanecen desaparecidas en el mar Balear tras un nuevo naufragio. Detrás de cada embarcación hay una tragedia humana, pero también una evidencia política: las mafias siguen operando porque saben que las rutas continúan abiertas.
La inmigración irregular no se combate con eslóganes ni con discursos grandilocuentes. Exige cooperación internacional, medios suficientes, diplomacia firme y una política migratoria coherente. Pero también requiere liderazgo. Y el liderazgo empieza por transmitir que, cuando el país afronta una crisis de esta magnitud, quienes lo dirigen están plenamente volcados en resolverla.
Porque un país puede permitirse unas vacaciones. Lo que no puede permitirse es dar la impresión de que también su Estado está de vacaciones.
