Hay cosas que deberían ser de puro sentido común. Y una de ellas es esta: un menor debe estar con sus padres. No en un centro a cientos o miles de kilómetros de su familia. No convertido en una cifra dentro de un reparto autonómico. No utilizado como moneda de cambio de una política migratoria que ha fracasado.
Por eso hoy hay que decirlo alto y claro:
Debemos exigir que se paralice el reparto de menores extranjeros no acompañados por España y que se trabaje, con Marruecos, para hacer posible su retorno seguro y legal con sus familias cuando proceda. Y que nadie manipule esta posición. Aquí no estamos hablando de abandonar a un niño. Estamos hablando de protegerlo de verdad.
Porque si un menor tiene padre y madre en Marruecos, si su familia puede hacerse cargo de él y si las autoridades pueden garantizar que su regreso es seguro, ¿qué sentido tiene mantenerlo indefinidamente separado de sus padres?
¿En qué momento hemos decidido que el Estado español puede sustituir a una familia? ¿En qué momento hemos aceptado que la solución sea sacar al menor de su entorno, trasladarlo a España y después repartirlo por comunidades autónomas? Eso no es una política de infancia. Eso es convertir un problema migratorio en un problema permanente. Y mientras tanto, las mafias siguen haciendo negocio.
Porque no nos engañemos: detrás de muchas de estas rutas hay organizaciones criminales que saben perfectamente cómo funciona el sistema. Saben que utilizar a menores genera una enorme presión política y social. Saben que una vez que el menor entra en España, devolverlo resulta mucho más complicado. Y saben que las administraciones públicas terminarán haciéndose cargo.
Ese modelo tiene que terminar. España tiene derecho a controlar sus fronteras. España tiene derecho a decidir quién entra y en qué condiciones. Y España tiene la obligación de impedir que las mafias conviertan a menores en instrumentos de sus negocios criminales. Pero hay algo todavía más importante. Marruecos tiene responsabilidades.
No podemos aceptar que España cargue indefinidamente con las consecuencias de una situación que también debe ser abordada por el país de origen.
Si un menor marroquí llega a España sin sus padres, la prioridad debe ser localizar a su familia, comprobar las circunstancias y buscar la reunificación familiar siempre que sea segura y legalmente posible.
Porque la alternativa no puede ser: «Ha llegado a España, por tanto, se queda». No.
Llegar a España no puede convertirse en un derecho automático a permanecer en España. Y tampoco puede significar que los españoles tengamos que aceptar cualquier decisión del Gobierno sin poder cuestionarla.
Porque aquí hay otra cuestión. Los ciudadanos pagan los centros. Pagan los servicios. Pagan la educación. Pagan la sanidad. Pagan los recursos sociales. Y tienen derecho a exigir que el Gobierno gestione la inmigración con responsabilidad, planificación y control.
No estamos hablando de insolidaridad. Estamos hablando de responsabilidad nacional. Y responsabilidad significa también decir que España no puede convertirse en el destino final de todos los problemas migratorios de Europa y del norte de África. No podemos normalizar las entradas ilegales.
No podemos normalizar que las mafias decidan quién llega. No podemos normalizar que los menores sean utilizados como argumento para bloquear cualquier política de retorno. Y tampoco podemos aceptar que se nos diga que la única alternativa a una política migratoria sin control es la crueldad. Eso es falso.
Se puede proteger al menor. Se puede perseguir a las mafias. Se puede controlar la frontera. Se puede exigir cooperación a Marruecos. Y se puede defender la reunificación familiar. Todo al mismo tiempo.
Por eso la posición es muy sencilla: Ni abandono del menor, ni reparto automático. Ni mafias, ni fronteras abiertas. Ni menores separados de sus familias cuando puedan volver con ellas de forma segura y legal.
Y una última cosa. Que nadie pretenda hacernos sentir culpables por defender nuestras fronteras. Los españoles no somos menos humanos por querer orden. No somos menos solidarios por exigir responsabilidad. Y no somos menos democráticos por decir que el Estado tiene límites.
Una nación que no controla sus fronteras pierde capacidad para decidir su futuro. Y una sociedad que acepta que los menores sean separados de sus familias como consecuencia permanente de una política migratoria equivocada está renunciando a algo todavía más básico: al sentido común.
