Hay noticias que no pueden despacharse con una rueda de prensa, una subvención de 309 millones de euros o una nueva campaña de propaganda.
Porque cuando lo que está en juego es la frontera nacional, la seguridad de los españoles y la integridad territorial de España, la pregunta no es cuánto dinero va a poner el Gobierno después.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Qué sabía el Gobierno antes del asalto a Ceuta y qué hizo para impedirlo?
Y hoy tenemos motivos más que suficientes para exigir una respuesta.
Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, remitido a la Audiencia Nacional, apunta a que la entrada masiva en Ceuta no fue un fenómeno espontáneo. La investigación señala indicios de que agentes marroquíes pudieron guiar y facilitar el paso de decenas de miles de personas siguiendo instrucciones organizadas.
Y aquí aparece la cuestión verdaderamente escándalos, el propio Pedro Sánchez ha reconocido que los servicios de inteligencia habían advertido de un incremento inusual de las entradas y que el Gobierno conocía la existencia de un riesgo. Lo que sostiene Sánchez es que nadie pudo anticipar la magnitud de lo ocurrido.
Pues bien: eso es precisamente lo que hay que investigar. Porque una cosa es no saber exactamente cuándo, cómo y con qué dimensión se va a producir un ataque a una frontera. Y otra muy distinta es recibir avisos, disponer de información de inteligencia, conocer la tensión existente en la frontera y, aun así, no adoptar todas las medidas necesarias para protegerla.
Y todavía hay algo más grave. Si se confirma que Marruecos utilizó deliberadamente a decenas de miles de personas para provocar el colapso de la frontera española, estaríamos ante una operación de guerra híbrida contra España de una gravedad extraordinaria.
No estamos hablando simplemente de inmigración. Estamos hablando de seguridad nacional. Estamos hablando de una frontera española. Estamos hablando de Ceuta. Y estamos hablando de un país extranjero.
Por eso resulta sencillamente inaceptable que, mientras aparecen informes policiales que apuntan a una operación organizada, el presidente del Gobierno siga defendiendo públicamente que no existen pruebas de que Marruecos estuviera detrás de los hechos.
Y hay una pregunta que nadie puede esquivar: Si el Gobierno sabía que existía un riesgo, ¿por qué no actuó? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién decidió que las advertencias no requerían un refuerzo extraordinario de la frontera? ¿Quién informó al presidente? ¿Quién informó al Consejo de Seguridad Nacional? ¿Y por qué el ministro del Interior afirma ahora que desconocía un informe policial que, según las informaciones publicadas, contiene elementos de semejante gravedad?
El propio Marlaska ha exigido explicaciones al director general de la Policía sobre desde cuándo existía esa información y por qué no había sido comunicada.
Esto ya no es una discusión partidista. Esto es una cuestión de responsabilidad de Estado.
Porque un Gobierno no puede pedir a los españoles que confíen en él cuando protege más su relación diplomática con Marruecos que la tranquilidad de los españoles de Ceuta. No puede pedir silencio cuando una ciudad española ha sido sometida a una presión fronteriza de dimensiones extraordinarias. Y no puede pretender resolver las consecuencias de una posible negligencia con dinero público.
Primero las explicaciones. Después las responsabilidades. Y si la investigación confirma que hubo avisos previos, que existía información suficiente para actuar y que el Gobierno no actuó con la diligencia exigible; si se demuestra que hubo una cadena de decisiones políticas que permitió que la frontera quedara expuesta; entonces la responsabilidad no puede terminar en un funcionario. Tiene que llegar hasta arriba. Hasta el Consejo de ministros. Y hasta el presidente del Gobierno.
Porque en una democracia, cuando un Gobierno fracasa en la protección de una frontera nacional, la responsabilidad política no se puede esconder detrás de los subordinados. Por eso lo digo claramente: Pedro Sánchez y todo su Gobierno deben dar explicaciones inmediatas ante el Congreso. Debe abrirse una investigación independiente. Deben comparecer los responsables de Interior, Defensa, Exteriores y los servicios de inteligencia.
Y si se acredita que el Gobierno conocía la amenaza y, pudiendo evitarla, permitió por acción u omisión que el asalto tuviera éxito, entonces no basta con pedir disculpas.
Deben dimitir.
