Hay noticias que dejan de ser simples escándalos políticos y obligan a preguntarse hasta dónde puede llegar una estructura de poder cuando la Justicia se interpone en su camino.
Lo que se está conociendo sobre la llamada trama de la socialista Leire Díez y la jueza Beatriz Biedma reviste una gravedad considerable.
La magistrada investigó al hermano de Pedro Sánchez y su causa terminó con una condena de nueve años de inhabilitación para David Sánchez. Ahora, la propia jueza ha pedido personarse como perjudicada en la causa que investiga esa presunta trama. La UCO la habría señalado expresamente como uno de sus objetivos.
Pero lo publicado hoy añade un elemento especialmente preocupante.
Según El Debate, un supuesto enviado de Leire Díez se reunió a finales de 2024 con un intermediario relacionado con el narcotraficante conocido como «El Gitano».
En aquella reunión se habría hablado de la rutina de la magistrada: dónde desayunaba y por dónde se movía. También, según esa información, de dos vídeos: uno de la jueza desayunando y otro en el que aparecían sus dos hijas menores jugando en un parque.
¿Con qué finalidad?
El objetivo habría sido que el narcotraficante hiciera llegar a la magistrada el mensaje de que estaba siendo vigilada. Siempre según esa investigación periodística, se trataba de darle «un sustillo».
El intermediario se habría negado.
Todo esto deberá ser investigado y acreditado por los tribunales. Si los hechos se confirman, no estaríamos ante una operación de descrédito político, sino ante un posible caso de intimidación y vigilancia de una jueza y de sus hijas, encargado a personas vinculadas al narcotráfico para presionar y chantajear a una magistrada que investigaba al hermano del presidente del Gobierno.
La pregunta es inevitable:
¿Qué clase de poder necesita intimidar a una jueza para defenderse?
Una democracia funciona precisamente, al contrario.
El poder político no decide qué juez investiga, qué juez se aparta ni qué investigación continúa. Mucho menos puede utilizar la vida privada de una magistrada o de sus hijos como instrumento de presión.
La Justicia debe poder investigar al poder sin miedo.
Por eso este asunto exige una investigación completa:
Quién pidió la información. Quién la consiguió. Quién realizó los seguimientos. Quién habló con los narcotraficantes. Quién sabía que existían esos vídeos.
Y, sobre todo, quién estaba detrás de la operación y con qué finalidad pretendía apartar a la jueza.
Si se demuestra que desde una estructura próxima al poder político se intentó intimidar a una magistrada mediante contactos con el narcotráfico, no estaríamos ante una simple maniobra de presión, sino ante un ataque a la separación de poderes.
Y eso debe tener consecuencias.
No cabe mirar hacia otro lado ni presentar los hechos como una operación de intermediarios. Cuando una jueza investiga al poder, la obligación del Gobierno es garantizar su seguridad y su independencia, no buscar quién puede darle un «sustillo».
En democracia, los jueces no reciben sustos del poder. El poder responde ante los jueces. Y si alguien creyó que para conservar el poder todo estaba permitido, tendrá que asumir que hay una línea que ningún Gobierno puede cruzar: la que separa la política de las cloacas.
