El Ayuntamiento de Palma ha activado el procedimiento para desalojar a las cerca de 200 personas que ocupan de forma ilegal la antigua prisión de la ciudad. El operativo comenzará este miércoles a las 07.00 horas y podría prolongarse durante varios días, según ha anunciado el primer teniente de alcalde y regidor de Coordinación Municipal, Javier Bonet.
La decisión se ha tomado tras los cuatro incendios registrados el pasado fin de semana en el interior del inmueble, uno de los cuales obligó a los bomberos a rescatar a varios moradores. El Consistorio, propietario del edificio, iniciará el proceso de recuperación posesoria estableciendo durante dos jornadas controles de acceso con Policía Local y servicios sociales para identificar a los ocupantes y elaborar un censo actualizado.
Según los datos municipales, no se han detectado menores entre los residentes y algo más del 60 % se encuentra en situación administrativa irregular. El Ayuntamiento ha ofrecido alternativas a través de la red de servicios sociales, aunque por ahora solo una joven extutelada de 18 años ha aceptado la propuesta.
El viernes está prevista una Junta de Gobierno extraordinaria para aprobar formalmente el inicio del expediente. Tras la notificación, los ocupantes dispondrán de cinco días para presentar alegaciones y, una vez resueltas, deberán abandonar el edificio en un plazo máximo de cuatro días. Si no lo hacen, el caso pasará a la vía judicial, lo que podría alargar los plazos.
Ese mismo día se celebrará también una Junta Local de Seguridad con Policía Local, Policía Nacional, Delegación del Gobierno y servicios sociales para coordinar el dispositivo y abordar la situación de las personas sin documentación.
Una vez desalojado el recinto, el Ayuntamiento procederá a la limpieza y tapiado del edificio para evitar nuevas ocupaciones mientras se tramita la demolición. En el solar está previsto un desarrollo residencial, mientras que el Consell de Mallorca proyecta una rotonda en el entorno.
