El anuncio del desalojo de la antigua prisión de Palma, comunicado por el segundo teniente de alcalde Javier Bonet, reabre una pregunta inevitable: ¿esta vez va en serio o quedará en otro intento fallido como el de hace un año? De momento, el Ayuntamiento ha empezado por controlar los accesos para identificar a las cerca de 200 personas que hoy malviven entre sus muros, un primer paso necesario pero que llega tras décadas de abandono institucional. Que la situación de la vieja cárcel siga enquistada más de veinte años después retrata mejor que ningún discurso la lentitud exasperante de nuestras administraciones para afrontar los problemas reales. Ahora toca comprobar si, por fin, las palabras se traducen en hechos.
La vieja cárcel, el viejo problema
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