El dispositivo especial de Seguridad Turística (Setur) desplegado en Playa de Palma ha tramitado 3.244 actas por diferentes infracciones desde su puesta en marcha el pasado mes de mayo, según el balance realizado por el Ayuntamiento de Palma.
La venta ambulante ilegal concentra buena parte de las actuaciones policiales. En concreto, 2.243 de las actas levantadas están relacionadas con esta actividad, una cifra que prácticamente duplica las alrededor de 1.200 registradas por el mismo motivo durante toda la campaña del año pasado, desarrollada entre mayo y octubre.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado los «excelentes resultados» obtenidos hasta el momento por el dispositivo, que también persigue otras conductas como la actividad irregular de masajistas, la práctica del trile o el consumo de bebidas alcohólicas en aquellos supuestos contemplados por la normativa municipal.
Cerca de 100.000 productos confiscados
La Policía Local ha desarrollado 88 dispositivos específicos de vigilancia contra la venta ambulante ilegal desde el inicio de la campaña.
Estas operaciones han permitido intervenir cerca de 100.000 artículos. De ellos, aproximadamente 78.000 serían productos cuya comercialización puede constituir un delito contra la propiedad industrial.
El Ayuntamiento ha intensificado este verano la presencia policial en Playa de Palma, uno de los principales puntos de concentración turística de la ciudad durante los meses de temporada alta.
El dispositivo Setur comenzó el pasado 11 de mayo y permanecerá activo hasta el próximo 31 de octubre, con el objetivo de incrementar la presencia policial y reforzar la seguridad y el cumplimiento de las ordenanzas en las zonas con mayor afluencia de visitantes.
Este año cuenta con 95 efectivos destinados específicamente a Playa de Palma y una media diaria de unos 60 agentes operativos, lo que permite mantener la vigilancia de la zona durante las 24 horas.
Martínez ha agradecido el «compromiso, profesionalidad e implicación» de los policías que participan en el operativo.
Martínez defiende la ordenanza cívica
El alcalde también ha aprovechado el balance para reivindicar la utilidad de la ordenanza cívica como instrumento para combatir las conductas incívicas en Palma.
Martínez ha definido la normativa como una «herramienta sumamente útil» para proporcionar recursos a la Policía Local y avanzar hacia «una ciudad con una mejor convivencia» en la que, ha defendido, las conductas que la ponen en riesgo puedan ser erradicadas.
El primer edil ha dirigido además un mensaje a los grupos de la oposición, a los que ha invitado a «reflexionar sobre qué modelo de ciudad quieren»: si «un modelo de ciudad cívica» o una «ciudad caracterizada por el desorden».
