El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Ibiza ha estallado contra el equipo de gobierno del Partido Popular tras conocerse la cancelación de la licitación para la nueva rotulación bilingüe de las calles de la ciudad. Para VOX, el hecho de que el alcalde Rafa Triguero haya cedido ante el recurso de la asociación radical ‘Fem-ho en Català’ supone una «traición a sus votantes» y una «claudicación inaceptable» ante el separatismo lingüístico.
La entidad catalanista dirigida por ex miembros de la Plataforma per la Llengua ha logrado que el Consistorio retire el pliego de condiciones que permitía rotular términos genéricos (calle, avenida, plaza) en las dos lenguas oficiales. Ante esta presión, el Ayuntamiento del PP ha llegado a calificar de «ilegal» la presencia del español en las placas de la ciudad. Algo que VOX considera “inaceptable”.
«El PP aplica las leyes de la izquierda»
Desde VOX denuncian que el PP está actuando como «el mejor alumno del separatismo catalán». «Es vergonzoso que un gobierno con mayoría del PP declare que es ‘ilegal’ rotular en la lengua común de todos los españoles. Utilizan el Reglamento de Normalización Lingüística de 1992 como una mordaza para evitar que el castellano sea visible en nuestras calles», han señalado desde la formación. VOX recuerda que el bilingüismo es un derecho reconocido, que la propia Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a expresarse en castellano y que la actitud del Ayuntamiento de Ibiza solo sirve para «alimentar a entidades radicales que viven de perseguir el español». «No es una asociación de Ibiza, es una entidad de Menorca la que le dicta las leyes al alcalde Triguero, y él, en lugar de defender la libertad y la cooficialidad, prefiere dar carpetazo y esconder el español por miedo a los radicales», añaden.
Ofensiva institucional
VOX ha anunciado que exigirá formalmente al Gobierno de Triguero la revisión inmediata del Reglamento de Normalización Lingüística para adaptarlo a la realidad social de Ibiza, donde el español es la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos. «No vamos a permitir que se trate el castellano como una lengua extranjera o ilegal en su propia tierra», han sentenciado.
