PP y Vox consumarán el martes en el Parlament la derogación de la Ley de Memoria de Balears

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Manuela Cañadas es la portavoz de VOX en el Parlament.

El Parlament balear votará el próximo martes la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares, en una decisión que llegará al pleno como uno de los últimos puntos del orden del día y que responde al acuerdo de investidura firmado entre el Partido Popular y Vox en el verano de 2023. Aquel pacto, que permitió a Marga Prohens acceder a la presidencia del Govern, incluía entre sus 110 compromisos la eliminación de esta normativa.

La iniciativa será posible gracias al apoyo del PP a la propuesta impulsada por Vox, una cuestión que desde el entorno del partido de gobierno se ha enmarcado como una exigencia de sus socios parlamentarios, «sin haber sido nunca una prioridad» para la formación.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha celebrado este miércoles la inminente votación y ha defendido la derogación como uno de los compromisos adquiridos por su partido. «En el próximo pleno Vox cumplirá uno de sus compromisos: traemos la derogación definitiva de la sectaria Ley de Memoria Democrática. Se acabó el tiempo de la revancha y de la dictadura del pensamiento único», ha afirmado.

La tramitación culminará así un proceso político que se ha prolongado durante meses y que incluso estuvo a punto de frustrarse hace aproximadamente un año, cuando un error en una votación previa llevó al PP a votar junto a los grupos de la izquierda en contra de la derogación que ahora respaldará.

El camino definitivo se abrió el pasado 21 de octubre, cuando el Parlament tomó en consideración la proposición de ley presentada por Vox para eliminar la normativa de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares. La iniciativa salió adelante con los votos favorables de PP y Vox, frente al rechazo de todos los grupos de la izquierda y del diputado de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba.

El texto plantea la disolución de las comisiones, organismos e instituciones creadas al amparo de la ley y la anulación de los procedimientos administrativos abiertos y aún no resueltos, con la única excepción de los procesos de exhumación, que continuarían su tramitación.

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