El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que será remitido ahora al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. El Gobierno da así un nuevo paso para sacar adelante una de las principales reformas impulsadas por el Ministerio de Sanidad pese a mantener abierto desde hace meses un duro conflicto con los sindicatos médicos.
Las organizaciones de médicos y facultativos rechazan el texto y han advertido de que retomarán las movilizaciones tras el verano, con la posibilidad de convocar una huelga indefinida a partir de septiembre si el Ministerio que dirige Mónica García no modifica su posición.
El proyecto procede del Anteproyecto aprobado el pasado junio y acordado por Sanidad con los sindicatos presentes en el Ámbito de Negociación —SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF—, pero sin el respaldo de las principales organizaciones médicas.
El Comité de Huelga, en el que participan, entre otros, CESM, el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, AMYTS, el Sindicato Médico de Euskadi y O’MEGA, reclama desde el inicio del conflicto una regulación específica para los médicos que reconozca las particularidades derivadas de su formación, responsabilidad y condiciones de trabajo.
Sanidad, sin embargo, ha rechazado hasta ahora incorporar al proyecto un Estatuto propio para los facultativos.
Meses de huelgas sin acuerdo
El enfrentamiento se arrastra desde febrero. Los médicos han protagonizado sucesivas semanas de huelga durante cinco meses consecutivos sin que las negociaciones hayan permitido alcanzar un acuerdo.
Las protestas han incluido concentraciones y manifestaciones, entre ellas una marcha de alrededor de 500 facultativos frente al Ministerio de Sanidad para reclamar una regulación propia.
La aprobación del proyecto y su envío al Congreso abre ahora una nueva fase del conflicto. Los sindicatos médicos amenazan con elevar la presión durante septiembre si no se reabre una negociación que permita introducir cambios sustanciales durante la tramitación parlamentaria.
Alrededor de 58.000 consultas anuladas en Balears
Las consecuencias asistenciales de las movilizaciones han sido especialmente importantes en Baleares. Desde el inicio del conflicto se han anulado alrededor de 58.000 consultas, de las que unas 28.000 corresponden a hospitales y otras 24.000 a Atención Primaria. A ellas se suman aproximadamente 1.200 intervenciones quirúrgicas suspendidas.
Solo durante la primera semana de huelga, celebrada entre el 16 y el 20 de febrero, quedaron anuladas más de 7.700 consultas de Atención Primaria, más de 7.600 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas y más de 330 operaciones en la sanidad pública de las Islas.
Pese al impacto acumulado, el Ejecutivo ha decidido continuar con la tramitación. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha llegado a considerar «injustificada» alguna de las convocatorias, mientras los representantes médicos denuncian la falta de una negociación directa y efectiva con el Comité de Huelga.
En Balears, Simebal ha mantenido una posición especialmente crítica y ha acusado al Ejecutivo central de impulsar un Estatuto «contra el médico y sin el médico».
Las comunidades también reclaman cambios
El rechazo al proyecto no procede únicamente de las organizaciones médicas. Varias comunidades autónomas han expresado sus reparos al nuevo Estatuto Marco y algunos gobiernos regionales han reclamado retirar o reformular el texto para alcanzar un acuerdo de ámbito estatal.
El Govern balear también ha reclamado reiteradamente a Mónica García que negocie con los médicos para poner fin al conflicto. Desde Sanidad, sin embargo, se ha defendido que las comunidades autónomas dispondrán de margen para desarrollar y mejorar determinadas condiciones laborales mediante la negociación con los sindicatos en sus respectivos servicios de salud.
Guardias de 17 horas y jornada máxima de 45
El nuevo Estatuto Marco introduce importantes modificaciones en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Entre ellas figura la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas y la limitación de las guardias a 17 horas, aunque las comunidades autónomas podrán reducirlas hasta las 12 horas.
El proyecto amplía también los supuestos de exención de guardias por embarazo, lactancia, cuidado de hijos o razones de salud, además de contemplar la posibilidad de establecerlas para profesionales mayores de 55 años. La conciliación de la vida laboral y personal pasa asimismo a reconocerse como un derecho.
La norma incorpora además el concepto de carga horaria excesiva cuando se superen las cinco guardias presenciales mensuales y establece un periodo máximo de cinco años para que los servicios autonómicos de salud adapten sus plantillas a las nuevas exigencias.
Sanidad presenta estas medidas como una mejora sustancial de las condiciones de los profesionales. Los sindicatos médicos, sin embargo, consideran que resultan insuficientes mientras no se reconozca una regulación específica para los facultativos.
Con el proyecto ya camino del Congreso, el Gobierno deberá ahora reunir los apoyos parlamentarios necesarios para convertirlo en ley. La tramitación comenzará, además, en un momento especialmente delicado: con los médicos dispuestos a volver a las calles y la amenaza de una huelga indefinida que podría recrudecer un conflicto que acumula ya meses de paros y decenas de miles de actos asistenciales suspendidos.
