Las asociaciones de escars de Santanyí, Llucmajor y Port de Canonge, junto con la asociación insular —actualmente en fase de constitución—, han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez medidas efectivas para proteger estas históricas casetas de pescadores del litoral mallorquín.
En un comunicado, las entidades recuerdan que los escars no son viviendas ni infraestructuras turísticas, sino construcciones funcionales y austeras destinadas a resguardar embarcaciones tradicionales y facilitar la pesca artesanal. “Constituyen un patrimonio cultural vivo que forma parte esencial de la identidad litoral de Mallorca y del conjunto de Balears”, subrayan.
Las asociaciones valoran positivamente la futura Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral, especialmente por contemplar inventarios insulares rigurosos, criterios objetivos de reconocimiento y un régimen específico de conservación que evite ampliaciones o cambios de uso incompatibles con su naturaleza.
Sin embargo, advierten de una situación “contradictoria” con ese objetivo de preservación: la denegación de numerosos expedientes de concesión por parte de la Dirección General de Costas. En muchos casos —explican— estas negativas se basan en criterios formales o en interpretaciones estrictas de la normativa estatal que no siempre tienen en cuenta la singularidad patrimonial de los escars.
Las entidades también denuncian una “paradoja” administrativa: en algunos casos se rechazan concesiones por no haber ejecutado reformas y, en otros, por haber intervenido en la estructura sin contar previamente con el título concesional.
Ante este escenario, consideran imprescindible que la futura normativa autonómica se acompañe de una mayor coordinación con la Administración General del Estado para garantizar criterios coherentes con la voluntad de protección patrimonial. “La preservación del patrimonio etnológico marítimo requiere directrices claras y homogéneas, alineadas con el interés general de conservación cultural y paisajística”, señalan.
Las asociaciones confían en que la nueva ley no solo reconozca formalmente el valor de los escars, sino que también favorezca la colaboración institucional necesaria para resolver las actuales disfunciones y aportar seguridad jurídica a quienes mantienen vivo este legado. “Proteger los escars es proteger cultura, historia y paisaje; hacerlo con coherencia normativa es la condición indispensable para que esa protección sea real y efectiva”, concluye el comunicado.
