El Ajuntament advierte que las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Palma continúan colapsadas este viernes por tercer día consecutivo como consecuencia de la falta de planificación del Gobierno de España en el proceso de regularización extraordinaria.
Desde el pasado miércoles, se están registrando largas colas de personas que acuden sin cita previa para informarse sobre este proceso, una situación que se ha repetido también durante la jornada de hoy.
En este sentido, cabe recordar que el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ya advirtió este jueves de la ausencia de previsión por parte del Ejecutivo central y calificó la medida de improvisada, al haberse adoptado sin planificación, de forma unilateral, sin dotación de recursos y sin contar con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos. Asimismo, alertó de las consecuencias directas que esta decisión está teniendo sobre los servicios municipales.
Esta situación se refleja en los datos de atención registrados durante los últimos tres días, con más de 1.100 personas atendidas en la OAC Social, a las que se suman más de 3.000 en el conjunto del resto de oficinas del Ajuntament.
Se trata de un escenario está comprometiendo gravemente el funcionamiento ordinario de las OAC, al dificultar la atención al conjunto de ciudadanos que necesitan acceder a estos servicios para la realización de otros trámites de carácter social, y al someter a los trabajadores municipales a una presión que resulta inasumible.
Asimismo, el Ajuntament recuerda que los municipios son los responsables de la emisión de los informes de vulnerabilidad necesarios para la tramitación de las solicitudes, así como del acompañamiento social posterior en los procesos de inclusión, sin que se haya previsto financiación adicional ni refuerzo alguno. Esto supone una transferencia de responsabilidades sin recursos y pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos.
En este contexto, se han tramitado más de 1.150 entradas de registro vinculadas a peticiones de informe de vulnerabilidad en apenas tres días, una cifra que evidencia una situación de carácter insostenible y que está afectando de manera directa al funcionamiento ordinario de los servicios municipales.
A ello cabe añadir que, con carácter previo a esta situación, entre enero y abril de 2026 se han registrado un total de 538 peticiones de informe de vulnerabilidad correspondientes a residentes del municipio, de las cuales 91 permanecen aún pendientes de resolución.
Por ello, Cort reitera su reclamación al Gobierno y a la Delegación del Gobierno para que adopten de forma urgente las medidas necesarias que garanticen el orden y la seguridad, así como que asuman directamente la gestión de la información del proceso, evitando que toda la presión recaiga sobre la administración municipal.
De igual forma, y ante las declaraciones efectuadas este mismo viernes por parte del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, en las que ha manifestado que no se han recibido consultas de ningún ayuntamiento para la expedición de informes de vulnerabilidad, Cort reitera que no se trata de resolver dudas, sino de disponer de los medios necesarios para la gestión del proceso y que asuma su responsabilidad en la tramitación del mismo.
En este contexto, cabe destacar que los propios responsables de Extranjería han advertido de la imposibilidad material de gestionar un volumen de expedientes de tal magnitud con las estructuras actuales. En concreto, la Oficina de Extranjería de Baleares ha señalado este mismo viernes que se encuentra desbordada, con la mitad de sus plazas sin cubrir y con plazos de hasta 120 días para la tramitación de expedientes, lo que evidencia la falta de capacidad del sistema para afrontar este proceso extraordinario.
Resulta especialmente contradictorio que, ante esta situación de saturación reconocida por la propia Administración General del Estado, no se haya articulado un mecanismo de coordinación eficaz y se traslade la presión a los ayuntamientos, exigiendo además que estos asuman los recursos necesarios para una medida adoptada de forma unilateral y sin consenso.
Por otro lado, el Ajuntament insiste en la falta de respuestas por parte del Gobierno central, que todavía no ha especificado aspectos clave del procedimiento, como el tipo de informe de vulnerabilidad requerido, los requisitos que deberán cumplir las personas solicitantes, los controles de identidad previstos o el perfil concreto de las personas a regularizar.
Asimismo, lamenta que la Delegación del Gobierno haya emitido este viernes un comunicado en el que sigue sin concretar dichos requisitos, limitándose a indicar que las personas deberán acreditar su situación mediante la presentación de un modelo ante las entidades competentes, sin establecer criterios objetivos claros.
Finalmente, el Consistorio advierte de que no existe una evaluación real del impacto del proceso de regularización, ya que serán los ayuntamientos quienes soporten en primera línea la presión sobre servicios públicos como la atención social, la vivienda o la escolarización, lo que compromete la capacidad de respuesta ante otras situaciones de emergencia social.
El Ajuntament reitera, en todo caso, su compromiso con la inclusión y la cohesión social, trabajando desde los servicios municipales para atender a las personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, insiste en que ningún municipio puede asumir en solitario un fenómeno de esta magnitud y considera que no puede hacerse cargo de las consecuencias de una medida adoptada sin planificación, sin previsión de recursos y sin la necesaria coordinación institucional.
