La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lanzado este jueves una firme defensa de la independencia judicial y ha advertido de las consecuencias que tienen las descalificaciones contra jueces y tribunales, especialmente cuando proceden de responsables institucionales. Durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, presidido por el rey en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, Perelló ha recordado que «la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías».
La presidenta del alto tribunal ha defendido que la democracia constitucional no se limita a la regla de la mayoría, sino que también descansa sobre unos derechos cuya protección no puede depender de la posición política, social o económica de cada ciudadano. «Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más», ha afirmado.
Advertencia ante las descalificaciones a los jueces
Perelló ha reconocido que las decisiones judiciales pueden y deben estar sometidas al debate público y que los propios jueces pueden cometer errores, para cuya corrección existe un sistema de recursos. De hecho, ha considerado que una crítica fundada, «por severa que pueda ser», contribuye a mejorar la Justicia.
Sin embargo, ha marcado una clara línea roja cuando las discrepancias con una resolución judicial derivan en la atribución de motivaciones políticas o ideológicas al juez que la ha dictado.
La presidenta del CGPJ ha advertido de que convertir la crítica jurídica en una descalificación personal acaba debilitando la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Una situación que, según ha señalado, adquiere mayor gravedad cuando estas críticas proceden de personas con responsabilidades institucionales.
En este sentido, ha avisado de que la «deslegitimación sistemática» de jueces y tribunales «erosiona» el Estado de Derecho y ha reclamado lealtad institucional entre los diferentes poderes del Estado.
Perelló también ha apelado a la responsabilidad de los propios magistrados, a quienes ha reclamado «mesura» y prudencia tanto en el ejercicio de sus atribuciones como en sus intervenciones públicas.
Una Justicia sobrecargada
Otro de los principales mensajes de su discurso ha estado dirigido a la situación que atraviesan los tribunales españoles. Perelló ha advertido de que el sistema judicial «no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra», circunstancia que ha provocado un incremento de los asuntos pendientes durante el último año.
También ha alertado de que la duración de los procedimientos continúa siendo, con carácter general, excesiva. «Una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz», ha señalado.
La situación de la Sala Primera del Tribunal Supremo es, según Perelló, «especialmente preocupante» por la acumulación de asuntos y los problemas que esta genera en los tiempos de respuesta.
La presidenta del CGPJ también se ha referido a la transformación de los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia, un proceso que está provocando dificultades relacionadas con la adaptación de instalaciones y sistemas informáticos, la reducción global de personal y la pérdida de contacto entre los jueces y la Oficina Judicial.
España sigue necesitando más jueces
Perelló ha valorado como un «importante impulso» la creación de 500 unidades judiciales, que entrarán en funcionamiento en 2027, así como la convocatoria de otras 500 plazas para acceder a la Carrera Judicial.
Pese a ello, ha advertido de que España continúa padeciendo un «importante déficit de jueces» y mantiene una tasa de magistrados por habitante inferior a la media europea.
El CGPJ calcula que sería necesario convocar 367 plazas de acceso a la Carrera Judicial cada año durante la próxima década para poder cubrir las vacantes previstas.
La presidenta del Supremo ha reivindicado, por ello, una Justicia independiente, integrada por profesionales seleccionados conforme a los principios de mérito y capacidad y dotada de suficientes medios humanos y materiales. Una defensa que, según ha subrayado, no responde al corporativismo, sino a la protección de los derechos de los ciudadanos.
Mensaje sobre Ceuta
En la parte final de su intervención, Perelló se ha referido también a la «grave crisis» que atraviesa Ceuta y ha trasladado un mensaje de confianza en la actuación de la Justicia.
La presidenta del CGPJ ha asegurado que los jueces continuarán trabajando para proteger los derechos de los afectados y garantizar el cumplimiento de la ley, al tiempo que ha defendido una respuesta que permita preservar «la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos» y, simultáneamente, garantice las salvaguardas previstas por el ordenamiento jurídico.
Perelló también ha mostrado su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres y ha reclamado coordinación y rapidez entre las instituciones para garantizar la efectividad de las medidas de protección.
