La Policía Local de Palma ha abierto diligencias judiciales contra dos repartidores a domicilio por un presunto delito contra la seguridad vial, después de comprobar que conducían vehículos manipulados para superar los 25 kilómetros por hora y que ninguno de ellos disponía del permiso de conducción necesario.
La actuación tuvo lugar este jueves, 1 de octubre, entre las 09.30 y las 13.00 horas, durante un dispositivo especial de control e inspección de profesionales del reparto a domicilio —riders— desarrollado en la calle Sant Miquel. En el operativo participaron conjuntamente agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) y del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP).
El dispositivo coincidió con la entrada en vigor de la reforma del Reglamento General de Circulación regulada mediante el Real Decreto 518/2026.
Vehículos manipulados para superar los 25 km/h
Durante las inspecciones, los agentes detectaron dos vehículos que habían sido modificados técnicamente para poder superar el límite de 25 kilómetros por hora. Según la Policía Local, estas alteraciones hacían que, tanto por sus características funcionales como mecánicas, tuvieran la consideración de motocicletas.
Al revisar la documentación de sus conductores, ambos mayores de edad, los policías comprobaron que ninguno disponía de un permiso de conducción que le habilitara para manejar este tipo de vehículos.
Los dos vehículos fueron inmovilizados y la Sala de Atestados de la Policía Local abrió diligencias judiciales contra los conductores por un presunto delito contra la seguridad vial.
Nueve sanciones por casco y chaleco reflectante
El operativo también se saldó con varias denuncias administrativas relacionadas con el incumplimiento de los elementos de seguridad obligatorios durante la actividad laboral.
En concreto, los agentes formularon cuatro denuncias por no utilizar el casco de protección obligatorio y otras cinco por circular sin el chaleco reflectante reglamentario.
Además, las comprobaciones efectuadas durante el dispositivo dieron lugar a la elaboración de tres informes remitidos a la Seguridad Social y a la Policía Nacional, en materia de Extranjería.
Según la información facilitada por la Policía Local, los agentes detectaron que tres de los trabajadores identificados realizaban una actividad remunerada sin disponer de permiso de residencia ni de un contrato laboral legal.
Controles vinculados a la Ordenanza Cívica
El teniente de alcalde y regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá, ha señalado que el operativo da continuidad a las actuaciones de control desarrolladas en aplicación de la Ordenanza Cívica impulsada por el equipo de gobierno municipal.
Bauzá ha defendido que este tipo de actuaciones constituyen «una herramienta fundamental para garantizar la convivencia» en Palma y ha subrayado que las medidas municipales complementan la regulación de ámbito nacional.
