Un enfrentamiento institucional de gran envergadura ha surgido entre el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Fiscalía General del Estado, dirigida por Álvaro García Ortiz. Esto se desencadenó después de que el ICAM anunciara su intención de presentar una denuncia contra la Fiscalía por divulgar datos confidenciales relacionados con las conversaciones entre el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal que investiga un presunto fraude fiscal.
El ICAM, que representa a más de 75,000 abogados en Europa, ha tomado esta decisión tras una reunión de su Junta de Gobierno, en la que se resaltó la gravedad de la filtración y se subrayó la importancia del derecho de defensa como una pieza fundamental del Estado de derecho. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, expresó su preocupación por la violación del derecho a la confidencialidad y la neutralidad por parte de la Fiscalía.
La denuncia presentada por el ICAM se basa en presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, según lo tipificado en el Código Penal. Se destaca que la divulgación de información confidencial, como correos electrónicos relacionados con negociaciones legales entre abogados y fiscales, constituye una grave vulneración del derecho de defensa y socava la integridad de los procesos judiciales.
Además de la denuncia penal, el ICAM también ha anunciado un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente las normativas pertinentes, según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Colegio considera que la divulgación indebida de información obtenida durante el ejercicio de funciones fiscales perjudica la integridad de los procesos judiciales y la confianza en el sistema legal.
En respuesta a estos acontecimientos, el ICAM ha decidido desvincularse del protocolo de conformidades suscrito entre el Ministerio Público y la Abogacía hasta que se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad. Se insta a una revisión del actual protocolo, argumentando que el secreto de las comunicaciones no parece estar garantizado adecuadamente.
Este conflicto surge después de que la Fiscalía Provincial de Madrid revelara detalles específicos de las diligencias de investigación a través de un comunicado de prensa, lo que provocó una reacción inmediata por parte del ICAM. La filtración incluía fechas, conversaciones y reuniones, lo que constituyó una violación del secreto profesional que protege las comunicaciones entre abogados.