El Tribunal Supremo respalda reclamos de contribuyentes afectados por interpretación confusa de Hacienda balear en el Impuesto de Sucesiones
En un revés judicial histórico, el Tribunal Supremo ha dictaminado que la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) ha estado cobrando de más a través del Impuesto de Sucesiones durante años, en casos que involucran el usufructo de una propiedad. Este fallo, que no puede ser apelado, expone el abuso cometido por la Hacienda balear durante el mandato de Francina Armengol, colocando ahora la responsabilidad de reembolsar las sumas excesivas cobradas a los contribuyentes en el actual Govern de Marga Prohens.
La decisión del Tribunal Supremo no solo cuestiona la legalidad de las acciones de la ATIB, sino también su argumentación confusa y contradictoria. El fallo, que respalda las tesis de los demandantes liderados por el abogado Alejandro del Campo, implica que el Govern actual deberá devolver cantidades significativas a los contribuyentes, con sumas que podrían alcanzar los 75.000 euros por caso, junto con los intereses de demora correspondientes.
El caso en cuestión se centra en las herencias que incluyen usufructo, una situación común en la que el cónyuge sobreviviente retiene el derecho a disfrutar de los bienes del fallecido hasta su propia muerte. Sin embargo, la interpretación de la Hacienda balear fue objeto de controversia, especialmente después de que se modificara el impuesto en 2016, eliminando una deducción que había limitado el tributo al 1% hasta 2015.
La ATIB, bajo el liderazgo de Armengol, decidió que los herederos debían pagar entre el 7,65% y el 34% del valor de los bienes heredados, en lugar del 1% que se había aplicado anteriormente. Esta decisión fue desafiada legalmente, y en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares falló en contra de la Hacienda autonómica, argumentando que su interpretación era contraria a la ley.
El Govern del Pacto intentó apelar este fallo ante el Tribunal Supremo, argumentando preocupaciones sobre la cantidad de casos afectados y el impacto en los ingresos de la comunidad autónoma. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado este recurso, afirmando que la actuación del Govern no fue conforme al ordenamiento jurídico.
Si bien muchos contribuyentes optaron por pagar las sumas exigidas por la ATIB sin apelar, aquellos que sí lo hicieron podrán beneficiarse de la devolución de su dinero. Este escándalo fiscal no solo afecta a los contribuyentes de Baleares, sino que también tiene implicaciones más amplias en toda España, llamando la atención sobre la necesidad de una mayor transparencia y claridad en la aplicación de los impuestos.