En una intervención contundente enfrente del Congreso de los Diputados, el Secretario General de JUCIL (Justicia Ciudadana y Civil) -Asociación Profesional- Ernesto Vilarino, ha presentado un informe detallado sobre los recientes y trágicos asesinatos de guardias civiles en Barbate. Este crimen ha conmocionado a toda la nación y ha puesto de relieve la necesidad urgente de revisar tanto las medidas de seguridad como el marco legislativo que rige las funciones policiales en nuestro país.
La presentación del informe no solo busca arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon estos horrendos actos, sino también promover cambios legislativos fundamentales que garanticen una mayor seguridad jurídica para los compañeros en el ejercicio de sus deberes policiales.
Propuesta legislativa: nuevo delito por transporte ilegal de combustible
Uno de los puntos clave propuestos por JUCIL es la inclusión de un nuevo delito en el Código Penal: el transporte de grandes cantidades de combustible sin autorización administrativa. Esta medida apunta a abordar de manera efectiva una preocupación creciente en torno al contrabando y la manipulación ilegal de materiales peligrosos, que representan un riesgo no solo para la seguridad pública, sino también para la integridad de los agentes encargados de combatir tales actividades ilícitas.
Además, se hace hincapié en la necesidad de transferir la persecución de delitos relacionados con el tráfico de drogas a la Audiencia Nacional. Esta medida busca fortalecer la capacidad del sistema judicial para hacer frente a delitos complejos y transnacionales, proporcionando los recursos y la coordinación necesarios para abordar eficazmente este flagelo que amenaza la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad.
Asimismo, se solicita contar con la ayuda de la Armada en labores de vigilancia y persuasión, especialmente en áreas donde la Guardia Civil enfrenta limitaciones de recursos y capacidad operativa. Esta colaboración interinstitucional es fundamental para garantizar la eficacia de las operaciones de seguridad y protección del territorio nacional.
La intervención de Ernesto Vilarino y la propuesta de JUCIL son un llamada a la responsabilidad. Es imperativo que el Estado tome medidas concretas para fortalecer la seguridad de nuestros agentes del orden y mejorar el marco legal que los respalda en el cumplimiento de sus funciones. Solo así podremos garantizar un entorno seguro y justo para todos los ciudadanos.