En una intervención en el Parlamento Europeo, la líder del Ejecutivo autonómico de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha defendido enérgicamente la necesidad de establecer un régimen específico para las islas de la Unión Europea en la aplicación del Reglamento de Mínimis. Esta propuesta busca permitir la exención de la norma general o elevar el umbral de ayuda, con el objetivo de compensar los desafíos derivados de la insularidad y los sobrecostes que enfrentan estas regiones.
La presidenta Prohens ha destacado que, a pesar de la modificación del reglamento del año pasado que amplió el límite máximo de ayuda de 200.000 a 300.000 euros durante tres años, todavía no se han establecido reglas claras que tengan en cuenta las particularidades de las regiones insulares. En su discurso, hizo hincapié en que el reglamento actual solo hace una mención superficial a las regiones ultraperiféricas e insulares, reconociendo que son casos especiales que deben evaluarse, pero sin proporcionar directrices más específicas.
«Aplaudimos el aumento del límite máximo de las ayudas y la oportunidad que esto representa, pero consideramos que sigue siendo insuficiente para abordar las necesidades de las regiones insulares y garantizar la competitividad de las empresas locales», enfatizó la presidenta.
Prohens también resaltó las estimaciones que indican que los sobrecostes asociados al transporte por insularidad pueden oscilar entre el 74% y el 100% en comparación con el transporte continental. Esta situación encarece la adquisición de materias primas, bienes intermedios, inversiones y bienes de consumo, así como las exportaciones agrícolas e industriales, lo que dificulta que las empresas del archipiélago compitan en igualdad de condiciones en el mercado único europeo.
«Ha llegado el momento de pasar de las palabras a la acción en el reconocimiento de la singularidad de los territorios insulares de la Unión Europea», concluyó la presidenta Prohens en su discurso.
En resumen, la presidenta del Govern de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha instado a la Unión Europea a considerar de manera más profunda las necesidades de las regiones insulares y a establecer un régimen específico que aborde los desafíos únicos que enfrentan, particularmente en el ámbito del transporte y los costos asociados. Su intervención en el Parlamento Europeo destaca la importancia de garantizar la competitividad y el desarrollo sostenible de las islas dentro del mercado común europeo.