La reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de individualizar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas es, sin duda, una medida que se sale de los cánones convencionales de la política fiscal uniforme y plantea serios interrogantes sobre la igualdad entre los territorios en España. En particular, el acuerdo con ERC que establece que el Estado asumirá 15.000 millones de euros de deuda que Cataluña tiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), representa no solo un alivio considerable para la región, sino también un precedente polémico que está levantando ampollas en otras comunidades.
Si bien es comprensible que se busquen soluciones a la medida de los problemas financieros de cada comunidad, este enfoque tiene el potencial de abrir una caja de Pandora de agravios comparativos entre regiones. Las comunidades autónomas de España, si bien distintas en capacidad económica y necesidades, deben ser vistas bajo la lente de la equidad en la distribución de los recursos del Estado. La singularidad de la situación de Cataluña, con una deuda que alcanza el 33% de su PIB, ciertamente demanda atención; sin embargo, el método para abordar esta situación no debe comprometer la percepción de justicia y equidad entre los demás territorios.
El argumento de que la crisis financiera de 2008 afectó de manera desigual a las comunidades y que por ello la compensación debe ser individualizada, aunque lógico, no debe desviar la atención de la necesidad de un marco común sólido que garantice la igualdad de oportunidades para todos los españoles, independientemente de su comunidad autónoma. El criterio para la condonación de deuda debe ser transparente, objetivo y percibido como justo por todas las partes. De lo contrario, la medida puede ser vista como una concesión política más que como una necesidad económica legítima.
Es preocupante que tales decisiones puedan interpretarse como una recompensa a las negociaciones políticas más que como un esfuerzo por la estabilidad fiscal y la responsabilidad financiera. Aunque el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, asegura que la determinación del porcentaje de asunción de deuda será objetiva, el gobierno debe trabajar arduamente para comunicar y justificar claramente los criterios utilizados para evitar el escepticismo y el descontento que provoan estas negociaciones.
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez está en una encrucijada donde debe equilibrar la urgencia financiera con la unidad territorial. En esta falta de equilibrio, perdió de vista que la igualdad entre territorios es uno de los pilares de un país cohesivo y justo.