La Asociación Balear de Promotores Inmobiliarios (ABPI) ha presentado una serie de propuestas al Govern balear en relación con la nueva ley de vivienda que se debate en el Parlament. Una de las sugerencias más destacadas de la asociación es la autorización de entidades de certificación urbanística. Estas entidades, que podrían incluir colegios profesionales y empresas privadas, tendrían la capacidad de verificar que se cumplan todas las condiciones necesarias para la construcción de un inmueble. Tras su comprobación, emitirían un certificado de conformidad, dejando al Ayuntamiento correspondiente el paso final para otorgar el soporte jurídico necesario.
El presidente de la ABPI, Luis Martín, ha destacado que este sistema podría reducir significativamente los tiempos de espera para la concesión de licencias, que actualmente pueden llegar a un año en muchos municipios. Con la propuesta, se espera agilizar este proceso a uno o dos meses. Martín señala el éxito de un sistema similar en Madrid y Valencia, argumentando que sería beneficioso para desahogar la carga de trabajo de las Administraciones públicas y promover la eficiencia.
Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con cierta cautela. Luis Alfonso de León, presidente del colegio oficial de aparejadores de Mallorca, considera que la efectividad de esta medida dependerá de su implementación detallada, especialmente en términos de confianza y verificación por parte de los funcionarios municipales. También se menciona la necesidad de clarificar aspectos como la homologación de estas entidades y la definición de sus competencias y responsabilidades.
Además, la nueva ley de vivienda estatal, que implica la reserva obligatoria de un 30% de las nuevas construcciones para vivienda protegida, ha generado preocupación en el sector. Según Martín, esta medida podría resultar problemática en Baleares debido a la escasez y alto coste del suelo, lo que podría llevar a un aumento en los precios de la vivienda libre y una posible reducción en la inversión inmobiliaria. Esta preocupación se suma al temor de que la normativa pueda acabar siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional.
Mientras que la ABPI busca agilizar los procesos de construcción y reducir la burocracia con sus propuestas, hay preocupaciones en el sector sobre la viabilidad y las consecuencias de la nueva legislación propuesta. Estas propuestas y preocupaciones reflejan los desafíos actuales en el mercado inmobiliario de las Islas Baleares.