El Senado inicia el proceso de aprobación de la ley antiokupación propuesta por el PP, que busca facilitar desalojos en 24 horas y aumentar penas
El Senado español ha dado luz verde a la tramitación de una propuesta de ley presentada por el Partido Popular (PP) que pretende incrementar las sanciones penales contra la okupación ilegal y agilizar los procesos de desalojo, otorgando un plazo de 24 horas a los okupas para abandonar la propiedad o demostrar su derecho a permanecer en ella.
Con una mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, la iniciativa popular fue considerada sin mayores contratiempos. Sin embargo, dos aliados del Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts, han decidido apoyar la tramitación de la ley mediante su abstención, lo que ha permitido que la propuesta avance con 147 votos a favor, 104 en contra y 9 abstenciones.
El senador del PP José Ramón Díez de Revenga ha presentado la propuesta como la primera de las «leyes Feijóo», en referencia al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, destacando que estas leyes buscan combatir conductas ilegales sin tolerarlas ni amnistiarlas.
El senador también ha enfatizado la necesidad de enfrentar a las mafias que han convertido la okupación en «una industria del crimen que se extiende por todo el país», señalando un incremento del 32% en las denuncias desde que Pedro Sánchez asumió el Gobierno, con hasta 46 casos de okupación diarios en 2022.
Entre las medidas propuestas por el PP se encuentran el aumento de las penas, especialmente para las mafias organizadas, la persecución de la okupación de viviendas vacías y de propiedades pertenecientes a empresas, así como la prohibición de empadronamientos en viviendas okupadas y el otorgamiento de medios de defensa a las comunidades de propietarios para garantizar una convivencia pacífica en los vecindarios.
Por su parte, los partidos de izquierda, encabezados por el PSOE, han criticado la iniciativa, argumentando que no protege a los colectivos más vulnerables y que beneficia a los grandes propietarios y a la banca especuladora. La senadora socialista María de los Ángeles Lunas ha calificado la propuesta como un «regalo» a los fondos buitres y ha advertido que ralentizaría los procesos judiciales.
El senador del PP Fernando Martínez Maíllo ha defendido la iniciativa como una medida necesaria para proteger la propiedad privada, argumentando que el derecho a mantener vacía una vivienda es legítimo. «Se trata de proteger la propiedad privada, aquí tendría que acabar el debate», ha afirmado.