El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado una sentencia histórica en el caso Cursach, condenando al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán a nueve años de prisión cada uno. El fallo concluye que ambos cometieron tres delitos de obstrucción a la justicia y un delito de coacciones, además de la omisión de perseguir delitos de revelación de secretos. En una decisión controvertida, el tribunal también impuso penas de entre uno y cuatro años a tres policías del grupo de Blanqueo, absolviendo al cuarto, el jefe del grupo.
Esta decisión viene después de una investigación compleja y extensa, donde Penalva y Subirán fueron acusados de detener a personas inocentes en el contexto de las indagaciones del caso. Aunque el tribunal reconoció que existían sospechas iniciales legítimas, se determinó que algunas detenciones, incluyendo las de familiares del político del Partido Popular Álvaro Gijón, fueron realizadas para ejercer presión y obtener confesiones, considerándolas instrumentales y abusivas.
Curiosamente, el tribunal no condenó a los acusados por el delito de detención ilegal de la familia Gijón, citando un déficit en la acusación y un desajuste con el tipo delictivo acusado. Además, el TSJB ordenó a Penalva, Subirán y los policías condenados indemnizar a Álvaro Gijón con 6.500 euros, reconociendo así el daño causado al expolítico en este proceso.
Esta sentencia representa un hito en la historia judicial española, evidenciando la gravedad de las acciones llevadas a cabo por altos funcionarios judiciales y policiales, y estableciendo un precedente importante en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en las instituciones del estado.