España vuelve a suspender en transparencia y el aviso ya no es solo interno, sino internacional. El último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International coloca a nuestro país en un preocupante puesto 49, por detrás de democracias consolidadas e incluso de estados que difícilmente se asocian con estándares europeos de buen gobierno, como Ruanda o Arabia Saudí. Más allá del debate político, el dato revela un deterioro reputacional que amenaza la credibilidad institucional y la confianza económica. Caer tres posiciones en un año no es una anécdota estadística, es el reflejo de un problema estructural que España arrastra sin resolver mientras la ciudadanía se acostumbra peligrosamente a convivir con los escándalos. Porque cuando la corrupción deja de escandalizar, el verdadero riesgo ya no es la mala nota en un ranking, sino la normalización de lo inaceptable.
