En el laberinto político español, la propuesta de amnistía del PSOE, dirigida a cerrar heridas abiertas por el desafío independentista catalán, ha desatado una tormenta de críticas y preocupaciones que trascienden el mero ámbito de la política territorial. Este esfuerzo por tejer un manto de reconciliación sobre un conflicto que ha marcado la última década se enfrenta a un dilema profundo y complejo: ¿es posible distinguir entre los actos impulsados por ideales políticos y aquellos movidos por el intransigente afán de violencia terrorista?
La propuesta de ley de amnistía, podría llevar a la liberación de más de 150 presos relacionados con el terrorismo, incluyendo yihadistas y miembros de ETA sin delitos de sangre, genera una profunda preocupación por la seguridad nacional y la justicia para las víctimas del terrorismo. Entre estos presos, se destacan 76 yihadistas y 67 etarras, muchos de los cuales fueron condenados sin haber causado heridas directas, aunque su participación en actividades terroristas plantea serias dudas sobre los riesgos potenciales de su liberación
La amnistía, en su búsqueda de pacificación, parece desdibujar peligrosamente las líneas entre independentistas y terroristas, entre la causa catalana y el yihadismo o la sombra aún alargada de ETA. Al abrigo de esta propuesta, se cierne la posibilidad de que individuos asociados a estas últimas, carentes de delitos de sangre en su haber pero no por ello menos comprometidos con la desestabilización del Estado, encuentren un prematuro retorno a la libertad.
El pulso del Estado contra el terrorismo, librado en las sombrías trincheras de la violencia política, podría verse socavado por una medida que, aunque concebida en el espíritu de la concordia, no distingue suficientemente entre los matices de la disidencia. La seguridad nacional, ese baluarte inquebrantable sobre el que reposa la tranquilidad pública, enfrenta así un potencial revés, abriendo un debate sobre el precio de la paz social y la equidad ante la ley.
La preocupación no reside únicamente en la liberación de figuras asociadas al terrorismo sin delitos de sangre; el temor se extiende a la posibilidad de que este gesto de amnistía se interprete como un aval a futuras acciones, como un mensaje equivocado en tiempos de frágil equilibrio entre la justicia y la necesidad de cerrar capítulos dolorosos de nuestra historia reciente.
En este contexto, la figura del Estado como garante último de la seguridad y la justicia se somete a una prueba de fuego. ¿Cómo equilibrar la legítima aspiración a la paz con la imperiosa necesidad de salvaguardar la sociedad contra las amenazas latentes? La respuesta a este enigma es esencial para trazar el camino a seguir, un camino que debe ser transitado con la máxima cautela y el firme compromiso de no olvidar las lecciones aprendidas a un alto coste.