En el laberinto de la gestión pública, donde las decisiones modelan el futuro de nuestras ciudades y el legado de quienes las toman se cincela en piedra, la figura de Neus Truyol, ex responsable de urbanismo y actual concejala en la oposición de Més per Mallorca en el Ayuntamiento de Palma, resurge como centro de una controversia que no es sino reflejo de la política en su forma más cruda y real. Se debate el destino del emblemático edificio Gesa, cuya reconversión en museo, propuesta por el gobierno del PP, ha despertado las iras de Truyol y su partido, quienes ven en esta iniciativa un «capricho» costoso y una amenaza para la identidad de Palma.
Sin embargo, tras el telón de estas críticas, emerge una pregunta incómoda sobre la coherencia y la integridad de la postura de Truyol. Bajo su mandato en urbanismo, la ciudad vio cómo se presentaba un plan general que jamás llegó a buen puerto, un símbolo de la parálisis administrativa que ha caracterizado su gestión. El edificio Gesa, hoy motivo de discordia, languideció entonces bajo su vigilancia, convirtiéndose en un bastión para actividades ilícitas, todo ello mientras Truyol permanecía al timón, dejando que el deterioro corroyera uno de los símbolos arquitectónicos de Mallorca.
Este trasfondo de inacción y desidia arroja una sombra sobre las vehementes protestas de Truyol contra el proyecto actual. La ironía de su postura, denunciando el supuesto sacrificio del patrimonio y la identidad local en el altar del turismo, no puede ser más amarga, dado que fue bajo su custodia cuando el edificio sufrió el abandono que ahora convenientemente olvida o ignora.
La situación invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza efímera de la memoria política y la facilidad con la que los responsables de ayer, plagados de errores y omisiones, se erigen hoy como paladines de la defensa patrimonial. La gestión del patrimonio urbano y la protección de la identidad de una ciudad no pueden quedar atrapadas en el vórtice de la política partidista, donde las declaraciones grandilocuentes a menudo esconden un vacío de acción y responsabilidad.
El caso del edificio Gesa, más allá de sus implicaciones arquitectónicas y culturales, se convierte así en un símbolo del ciclo perpetuo de promesas incumplidas y oportunidades perdidas que caracteriza a nuestra política local. La ciudadanía de Palma, y en extensión, la de cualquier urbe, merece una gestión que trascienda la retórica y se ancle en acciones concretas, que mire más allá de los ciclos electorales y aborde con seriedad el legado que dejamos a las futuras generaciones. La crítica actual al proyecto del PP, justificada o no en sus méritos, no debe desviar la atención de la necesidad imperante de exigir responsabilidad y coherencia a nuestros representantes, especialmente cuando su historial sugiere una desconexión entre sus palabras y sus actos.