El Parlament balear ha aprobado este martes por unanimidad la nueva Ley de regulación del régimen patrimonial del matrimonio en las Illes Balears, una reforma del Derecho civil propio que pretende adaptar las relaciones económicas entre los cónyuges a la realidad social actual, reforzar la protección de las familias y proporcionar una mayor seguridad jurídica.
La nueva legislación mantiene el régimen de separación de bienes, característico del Derecho civil balear, pero introduce una regulación más completa de las obligaciones económicas dentro del matrimonio, el reconocimiento del trabajo doméstico, la protección de la vivienda familiar y la liquidación de deudas y créditos cuando se extingue el régimen matrimonial.
La diputada del PP Balears Cristina Gil ha defendido durante la tramitación parlamentaria la necesidad de actualizar una normativa que, según ha señalado, había quedado desfasada y no ofrecía respuestas suficientes a las distintas situaciones patrimoniales que se producen actualmente en el ámbito familiar.
«Modernizamos el Derecho civil propio sin renunciar a nuestras raíces, adaptándolo a la realidad social actual y avanzando hacia unas relaciones familiares basadas en una mayor justicia y corresponsabilidad», ha destacado la parlamentaria popular.
Más protección para las familias y la vivienda habitual
Entre las principales novedades de la ley figura el establecimiento de una serie de principios fundamentales que deberán regir las relaciones económicas matrimoniales, como la igualdad entre los cónyuges, la libertad de pacto y la protección de los hijos menores y de los familiares con discapacidad o en situación de dependencia.
La normativa también refuerza la igualdad de derechos y obligaciones de ambos miembros del matrimonio en el sostenimiento del hogar y en la atención y cuidado de los integrantes de la familia.
Otro de los aspectos destacados es la regulación de las contribuciones a las cargas familiares y la protección de la vivienda habitual, cuestiones que hasta ahora, según ha explicado el PP, no estaban suficientemente desarrolladas en el Derecho civil propio.
Asimismo, la ley introduce una regulación del deber de información económica entre los cónyuges, con el objetivo de aportar mayor transparencia a las relaciones patrimoniales dentro del matrimonio.
Reconocimiento del trabajo doméstico y familiar
Una de las novedades relevantes de la reforma es el reconocimiento del trabajo dedicado al hogar y al cuidado de la familia, así como de la colaboración no remunerada que uno de los cónyuges pueda prestar en la actividad profesional o empresarial del otro.
La nueva regulación pretende clarificar el tratamiento de estas aportaciones dentro del régimen económico matrimonial, especialmente cuando se produce su extinción y resulta necesario determinar las obligaciones, los créditos y las deudas existentes entre los cónyuges.
En este sentido, Cristina Gil ha subrayado que la reforma aborda cuestiones que tienen una incidencia directa en la economía de numerosas familias de Baleares.
«Hoy damos respuesta a cuestiones que afectan a la economía familiar: quién contribuye a las cargas comunes, qué protección merece la vivienda familiar, cómo se reconoce el trabajo dedicado a la familia y cómo se liquidan los créditos y las deudas cuando se extingue el régimen matrimonial», ha explicado.
Respeto a las particularidades jurídicas de cada isla
La nueva legislación también tiene como objetivo preservar las singularidades del Derecho civil de Balears, respetando las particularidades jurídicas existentes en las diferentes islas.
La reforma cuenta con el respaldo del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears y del Consell Assessor de Dret Civil Propi d’Eivissa i Formentera, organismos especializados en el estudio y la conservación de la normativa civil propia del archipiélago.
El respaldo unánime de la Cámara autonómica permite sacar adelante una actualización legislativa que busca compatibilizar la tradición jurídica balear con los cambios experimentados por las estructuras familiares y las relaciones económicas durante las últimas décadas.
«Defender nuestras singularidades también significa mantener vivo y dar continuidad a nuestro Derecho civil», ha concluido Cristina Gil.
Con esta aprobación, Balears avanza en la modernización de su régimen económico matrimonial sin abandonar el principio de separación de bienes, incorporando nuevas garantías para regular las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y reforzar la protección de los miembros más vulnerables de las familias.
